La Unión Europea en su Directiva Marco de Aguas, de carácter vinculante para los Estados miembros, ha vuelto a desconocer en su práctica el estatuto canario y macaronésico de nuestra ultraperificidad. Porque la normativa de Bruselas sobre el precio del agua es tajante: en el año 2010 los europeos deberán pagar por su consumo el coste verdadero de su producción. Como referente Bruselas ha establecido una media de los precios actuales en el ámbito de los 25 y ha concluido que el coste para el usuario de cada metro cúbico de agua consumida no deberá ser inferior a los 2,66 euros por metro cúbico. Esto es, se multiplicará por más de dos el recibo español medio del líquido elemento, ya que la actual media nacional es de 1,22 euros. En Santa Cruz de Tenerife, en 2006, 1,86 euros el metro cúbico de agua es lo que cuesta el abastecimiento urbano de agua potable; deberá, pues, igualmente subir. A pesar de ser de las comunidades en las que el precio del agua sea de los más caros del Estado, la misma deberá seguir subiendo de acuerdo con lo estipulado en la normativa europea. ¿Es para esto para lo que supuestamente sirve la tan manida ultraperificidad canaria?

Aunque la competencia en materia de aguas es de los ayuntamientos, el Ministerio de Medio Ambiente ya se ha hecho eco de la referida Directiva 2000/60/CE y ha manifestado que en un plazo de cuatro años a partir del actual "el precio del agua deberá reflejar sus verdaderos costes" en el conjunto de España. La clave de Medio Ambiente para forzar a los municipios a elevar el precio se basará en una política nacional que obligue a repercutir sobre los consumidores los costes de las infraestructuras del agua. Ahora bien, ¿existe en verdad una política hidrológica del Estado para Canarias? ¿Dónde están los fondos del gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero para construir las cuatro desaladoras que en el corto plazo se necesitarán en Tenerife para cubrir sus demandas y necesidades acuíferas?...