Fuente: La Provincia 25/04/2009

La Universidad certifica en un informe que el agua es potable pese al boro

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria solicitará formalmente a la Consejería de Sanidad del Gobierno canario que levante la restricción que pesa sobre el consumo de agua de grifo para beber o cocinar por el exceso de boro que presenta tras ser desalada en las plantas de Emalsa.

El concejal de Desarrollo Sostenible, Néstor Hernández, aseguró ayer en el pleno que se ha enviado a Sanidad un informe de tres páginas encargado al catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la ULPGC, Luis Serra, que demuestra que el agua de la capital es "inocua y perfectamente potable" pese a que rebase el nivel de boro permitido por el Real Decreto 140/2003 (un miligramo por litro). "Este es un informe clarificador que enviamos a Sanidad para que ellos, en base a estas conclusiones, decidan si la restricción continúa o no", señaló Hernández.


La respuesta no se hizo esperar y ayer tarde mismo el Gobierno regional informó que no piensa levantar la restricción de consumir el agua de la capital mientras el sistema nacional de control del agua, dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo, siga registrando valores entre los 1,1 y 1,3 miligramos de boro por litro como muestran los últimos análisis hechos por Emalsa la semana pasada. La Consejería de Sanidad envió un comunicado al Ayuntamiento en el que invalidan los resultados del informe del catedrático de la ULPGC por considerar que la única calificación que cabe para el agua es la de "apta" o "no apta" para el consumo humano. "En consecuencia el término potable no es admisible en informes que pretendan tener cierto valor científico, ya que carece de significación técnica o sanitaria", recoge la contestación de Sanidad.


Sin embargo, y antes de conocer este documento, Néstor Hernández explicó en el pleno municipal, en base a las conclusiones del informe de Serra, que la medida de boro que impone el Real Decreto es demasiado restrictiva. "El parámetro de un miligramo de boro por litro puede ser excepcionado si no hay un riesgo cierto para la salud", contó el edil, "la Administración autonómica es soberana para aplicar esa excepción y conceder una prórroga en esas limitaciones hasta solucionar el problema".


Por último, Hernández justificó la actuación del Ayuntamiento en la 'crisis del boro' al decir que es a Sanidad a quien le compete alertar sobre prohibiciones en el consumo. "Lo que no puede hacer el Ayuntamiento es decidir si el agua se puede beber o no". A esto contestó de nuevo Sanidad ayer tarde recordando que el artículo cuatro del Real Decreto estipula que son los municipios los que deben velar porque el agua suministrada sea apta para el consumo.